El Balance Ambiental es un documento que Fundación Terram elabora desde el año 2002, en el que sintetiza los hitos más relevantes en materia de políticas públicas ambientales, con el propósito de entregar un panorama general y contribuir a la discusión pública desde una mirada crítica y propositiva.
Uno de sus capítulos es el de Minería, cuyo año estuvo marcado por la discusión parlamentaria en torno a la idea de establecer un royalty a la minería, el anuncio de la creación de una Empresa Nacional del Litio, el anuncio de cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, el impulso de la “minería verde” como una vía para mitigar los impactos de esta actividad en un contexto de crisis climática, además del socavón de más de 30 metros de diámetro ocurrido en el yacimiento Alcaparrosa de la Minera Ojos del Salado, entre otros eventos.
En relación al impulso de la “minería verde”, el documento señala que “tanto la industria como el nuevo Gobierno han relevado una agenda que, en teoría, pretende dar respuesta a los desafíos hídricos, energéticos y de residuos que presenta la industria, a objeto de buscar un posicionamiento de mercado que diferencie la producción nacional”.
Para Telye Yurisch, economista de Fundación Terram y autor del capítulo, pese al discurso de "minería verde", tanto en Chile como en América Latina “aún persisten problemas vinculados al uso intensivo de agua en un contexto de crisis hídrica, como también distintos escenarios de contaminación local y global y pasivos ambientales mineros, tales como relaves abandonados. Además, tampoco se ha avanzado en el resguardo de componentes esenciales de la naturaleza como son los glaciares, salares y la biodiversidad”.
En lo que respecta a la tramitación del “royalty minero”, su discusión de segundo trámite en el Senado se ha centrado principalmente en su componente ad valorem, la progresividad de las tasas del impuesto y el destino de los recursos fiscales generados.
El documento resalta las dos indicaciones sustitutivas al proyecto presentadas en julio y octubre por el Gobierno, las cuales establecieron “como componente ad valorem una tasa plana y única de 1% sobre las ventas anuales de cobre de explotadores mineros cuyas ventas sean superiores al equivalente a 50.000 toneladas métricas de cobre fino; un componente sobre el margen operacional con tasas que van desde 8 al 26% para aquellas empresas mineras cuyos ingresos provengan en más de un 50% del cobre y tasas efectivas del 5 al 14% para aquellas empresas que tengan ingresos por cobre menores a los descritos, considerando que estas se fijan en función del margen operacional y no sobre los precios del mineral”.
Otro hito relevante que destaca el Balance Ambiental 2022 fue el anuncio de cierre de la Fundición Ventanas, con el cual se propone disminuir los altos niveles de contaminación que presenta la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví.
Tras las paralizaciones de los sindicatos de Codelco, que se oponían a dicho cierre, el documento destaca que se estableció “un plan de retiro y desmantelamiento de las instalaciones de la fundición que podría tardar hasta 10 años, con un costo estimado de US$ 250 millones, junto con incluir opciones de reubicación, reconversión o una salida especial voluntaria para un total de 349 trabajadores afectados de planta”. Dicho proceso de cierre requiere modificar la Ley N°19.993 con el objeto de permitir el tratamiento de los minerales de la pequeña y mediana minería de Enami en otras instalaciones de Codelco, entre ellas Chuquicamata.
Por otro lado, el Balance también releva el principal impacto ambiental minero del año, como fue el socavón ocurrido en Tierra Amarilla de más de 32 metros de diámetro (aún en expansión) y 64 metros de profundidad que el 30 de julio quedó al descubierto en las cercanías de la mina subterránea de cobre Alcaparrosa, perteneciente a la Minera Ojos del Salado, de la transnacional canadiense Lundin Mining, que opera en la Región de Atacama, y que llevaría tanto a la DGA como a la SMA a formular cargos contra la minera de cobre. (Fuente: ReporteMinero)