Dos semanas después del gran anuncio de su alianza futura con Codelco, firmado en un memorando de entendimiento el 27 de diciembre de 2023, SQM ingresó reservadamente una consulta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La compañía en la que conviven Pampa Calichera, de Julio Ponce, y la china Tianqi, consultó a la autoridad si la alianza, aprobada por unanimidad por el directorio de SQM, requería además que los accionistas la aprobaran en una junta extraordinaria de accionistas y si los socios disidentes tendrían derecho a retiro.
La opinión de SQM era que esa disposición legal, aplicada cuando una sociedad anónima se desprende de un activo relevante, no era aplicable en este caso, ya que la minera privada conservará el control del negocio del litio en el Salar de Atacama hasta 2030. Pero quería tener esa certeza de parte de la autoridad, en caso de que algún accionista sostuviera lo contrario e intentara poner obstáculos a la operación. Y esa certeza llegó hace pocos días.
La CMF, en un oficio firmado por José Antonio Gaspar, director general jurídico, pero por orden del Consejo de la entidad, confirmó esa interpretación: la alianza con Codelco no requiere una junta extraordinaria que, además, exige un quórum de aprobación de dos tercios de los accionistas, como exige la ley. Aquello podría permitir a algún gran accionista impedir la alianza entre la minera privada y la minera estatal. Aunque el porcentaje para bloquear una decisión de este tipo asciende al 33% de las acciones, los accionistas que no asisten ni se pronuncian en una junta se suman al rechazo, lo que aumenta el riesgo.
Tianqi, según los estados financieros a diciembre, tiene un 22,16% de las acciones de SQM, mientras Pampa Calichera controla un 26%. El resto está repartido en numerosos accionistas minoritarios.
En su exposición, según el oficio de la CMF, SQM describió la alianza entregando nuevos detalles: su filial SQM Salar, titular del contrato de arriendo por 81 mil hectáreas en el Salar de Atacama hasta 2030, se fusionará con Minera Tarar, filial de Codelco, incorporando el patrimonio de la segunda a SQM Salar. Será, entonces, una fusión por incorporación de Minera Tarar en SQM Salar, dando así origen a una nueva “sociedad operativa”, aun sin nombre.
La nueva empresa tendrá estatutos que distinguirán dos períodos para la alianza. En el primero, que irá de 2025 a 2030, la sociedad operativa tendrá dos series de acciones. La A será de Codelco y la B, de SQM. La serie B, en poder de SQM, tendrá menos del 50% del total de las acciones, “pero teniendo preferencias para ser titular de la mayoría absoluta de los votos en juntas de accionistas y, en consecuencia, siendo la matriz y controladora de la sociedad operativa”, resume el dictamen de la CMF.
En el segundo período, todas las acciones serie A y serie B se canjearán por acciones de una serie única de acciones en una relación 1:1, “venciendo el plazo de las preferencias de la serie B, por lo que, a partir de ese momento, Codelco será la matriz de la sociedad operativa, asumiendo el control de esta”. Esa descripción se aplicará para el período de 2030 a 2060, cuando regirá un nuevo contrato de arrendamiento del Salar de Atacama para explotar el mayor yacimiento de litio del mundo, el que negoció Tarar con Corfo y que Codelco aportará como activo a la nueva sociedad con SQM.
SQM consultó a la CMF si sobre esta alianza se aplica la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) que exige que sea materia de junta extraordinaria de accionistas “la enajenación de 50% o más de su activo” o “la enajenación de 50% o más del activo de una filial, siempre que ésta represente al menos un 20% del activo de la sociedad, como cualquier enajenación de sus acciones que implique que la matriz pierda el carácter de controlador”.
Y las operaciones de SQM Salar hoy son el principal negocio de SQM. Aunque no está desagregado el peso de los activos del litio en su descripción por segmentos de negocio, los estados financieros de 2023 reflejan que el litio aportó el 69% de los ingresos consolidados de SQM. En 2022, el 80% de los ingresos totales provinieron del Salar de Atacama, con litio y potasio.
El Consejo de la CMF, presidido por Solange Berstein, concluyó que la operación no debe ser sometida al juicio de los accionistas de SQM.
El organismo colegiado razonó así para adoptar esa determinación: “La fusión de SQM Salar con Minera Tarar, en los términos planteados y las condiciones detalladas en la consulta, no significaría una enajenación de activos de SQM Salar ni de acciones por parte de SQM. Lo anterior, toda vez que SQM Salar es la sociedad absorbente en la operación, y por lo tanto, sigue existiendo luego de la fusión y mantiene su personalidad jurídica. Por ende, no se lleva a cabo una enajenación del activo de SQM Salar producto de la fusión, sino que se mantiene en su patrimonio. Por su parte, las acciones de SQM en SQM Salar continúan siendo de su propiedad, no existiendo cambio de titular sobre las mismas”.
Además, negó la existencia del derecho a retiro de los accionistas de la minera privada que puedan estar eventualmente descontentos con la alianza con Codelco. “Al no corresponder la operación mencionada a materias que deben ser conocidas por la junta de accionistas de SQM, no resultaría tampoco aplicable el artículo 69 de la LSA que establece los casos en que los accionistas disidentes, de los acuerdos adoptados en relación a ciertas materias en junta de accionistas, tienen el derecho a retirarse de la sociedad, previo pago por aquélla del valor de sus acciones”, dijo la CMF.
El pronunciamiento llega faltando dos semanas para la realización de una junta de accionistas extraordinaria de SQM donde se debatirá la alianza. Solicitada por la china Tianqi, el directorio de SQM convocó a una reunión extraordinaria de socios para el 21 de marzo próximo, la que tendrá solo fines informativos sobre la alianza. Y el dictamen de la CMF blinda esa reunión de cualquier reclamo de parte de potenciales accionistas disidentes que puedan exigir una votación para pronunciarse sobre la operación con Codelco.
Al cierre de su respuesta, la CMF decidió hacer público su pronunciamiento. “Esta Comisión no ve motivo jurídico para que el presente oficio tenga el carácter de reservado, por lo que será publico de conformidad a las reglas generales que aplican a los actos de la Administración”, concluyó el oficio de tres páginas. (Fuente: LaTercera)